En agosto de 2017, el gobierno de Estados Unidos estableció sanciones financieras contra Venezuela a través de la Orden Ejecutiva 13808. Estas medidas impedían todo tipo de financiamiento a al gobierno venezolano y sus entidades.
Las restricciones dadas por estas primeras sanciones generales contra Venezuela incluyeron la prohibición de acceder a nuevos préstamos y la imposibilidad de refinanciar deudas preexistentes, lo que llevó una situación de incumplimiento prolongado de los pagos del país, conduciendo a un default de la deuda soberana y de Pdvsa.
Lo más crítico de dichas sanciones fue la imposibilidad de hacerse de capital local y extranjero para financiar las actividades de hidrocarburos, que requiere ingentes cantidades de capital de trabajo para las actividades de extracción, transporte, refinación y comercialización de petróleo.
Es importante destacar que hasta 2017 un 95% de los ingresos por exportaciones nacionales procedían del petróleo y sus derivados. De hecho, tras las sanciones de 2017, la producción petrolera cayó de 1,9 millones de barriles diarios en 2017 a menos de 300 mil barriles en 2020. En ese mismo período, los ingresos por exportaciones de este sector se redujeron de unos 26 mil millones de dólares a poco más de 2 mil millones de dólares.
¿Por qué los EE.UU. impuso sanciones generales contra Venezuela?
Con las sanciones, Estados Unidos pretendía forzar la renuncia de Maduro, a través de la exacerbación de la crisis económica que ya había comenzado previamente en Venezuela, limitando drásticamente la capacidad del gobierno para financiar programas sociales esenciales y mantener servicios básicos.
Esto condujo a una crisis humanitaria de características catastróficas, afectando severamente el acceso a bienes y servicios fundamentales como alimentos y medicinas, contribuyendo a un aumento descontrolado de los precios y conduciendo al desplazamiento y la migración de casi 8 millones de venezolanos.
En fin, las sanciones generales contra Venezuela han golpeado duramente a la población, aumentando la pobreza y la desigualdad social y no han conducido a ningún cambio político en el país.
El default de la deuda externa y sus consecuencias
La deuda externa venezolana, estimada en alrededor de 154 mil millones de dólares, representa una pesada carga que dificulta cualquier intento de recuperación económica, ya que impide al país el acceso a préstamos de la banca internacional y de las grandes multilaterales requeridos para la inversión nacional destinada a la recuperación del sector petrolero y a otras industrias esenciales, así como para atender el déficit en servicios básicos, salud y educación.
Se estima que el país requeriría de unos 100 mil millones de dólares y un período mínimo de 5 años para alcanzar una recuperación esencial de la economía.
Los activos de Venezuela en el exterior
Además del impedimento al pago de la deuda del país, las sanciones también bloquearon los activos venezolanos en el exterior, incluyendo Citgo, la más grande filial de Pdvsa en Estados Unidos. De hecho, se estima que Venezuela cuenta con activos monetarios y no monetarios bloqueados fuera de nuestras fronteras por un valor superior a 30 mil millones de dólares.
Dichos activos bloqueados, lamentablemente, no podrían ser usados para sanear la economía nacional, porque sobre estos pesan demandas de los acreedores internacionales de Venezuela para asegurarse el pago de la deuda que tenemos con ellos.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos extendió una licencia que protege a Citgo de los acreedores de Venezuela hasta mediados de agosto de 2024. Estas licencias deben ser renovadas semestralmente, pero si el gobierno americano así lo decidiera, Citgo, uno de los activos más importantes del país, dejaría de ser propiedad de todos los venezolanos.
La reestructuración de la deuda
La intención de pago de la deuda externa venezolana por parte del gobierno es crucial, pero las restricciones impuestas por la Orden Ejecutiva 13808 impiden explícitamente a nuestro país el acceso a los mercados internacionales de capital, complicando la obtención de financiamiento esencial para aliviar dicha deuda y la situación económica del país.
Venezuela requiere negociar con sus acreedores y con la comunidad internacional para explorar todas las opciones disponibles que permitan superar los impedimentos impuestos por las sanciones estadounidenses para hacer frente a su deuda externa.
Esto implica la voluntad de llegar a acuerdos y el compromiso de todas las partes involucradas. El objetivo sería establecer un marco de reestructuración de deuda que permita nuevamente a Venezuela el acceso a créditos internacionales y asegure a los acreedores una recuperación justa y viable de su dinero.
En este sentido, en días pasados, la agencia Bloomberg anunció que el gobierno nacional había contratado al grupo financiero internacional Rothschild & Co como asesores para la reestructuración de la deuda nacional. No obstante, resulta mandatorio la presencia de un enfoque multilateral para facilitar la creación de condiciones más favorables para la reestructuración de la deuda y la recuperación del país.
Si bien las sanciones son un verdadero “dolor de cabeza” para el pago de la deuda, nos corresponde a todos los venezolanos, no solo al gobierno, trabajar conscientemente por la recuperación económica de Venezuela, independientemente de nuestra posición política.