Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas publicó su informe sobre las condiciones de los derechos humanos en
Venezuela y, lamentablemente como era de esperarse, el régimen salió reprobado
en todas las áreas que abarcó la comisión que recientemente visitó el país.
Este informe no puede ser más contundente y oportuno, justo en la misma
semana donde los crímenes del Estado dejaron como saldo la muerte de un militar
por tortura bajo la custodia de organismos de seguridad y, por consecuencia del
uso desproporcionado de la fuerza, un joven tachirense perdió la vista; ambos
casos responsabilidad de los órganos de represión del Estado.
Los Derechos Humanos, sus cumplimientos y garantías, son responsabilidad
exclusiva del Estado, quien debe proteger a todos los ciudadanos, desde los
derechos fundamentales como el derecho a la vida o a la identidad, así como
garantizar las condiciones para el acceso a la alimentación y a la salud, sin
ningún tipo de discriminación por circunstancias sociales, étnicas o políticas.
En el caso de los derechos civiles y políticos, el informe señala lo que
hemos venido denunciando desde hace años, y es el continuo secuestro de los
espacios básicos de manifestación ciudadana, desde la libertad de expresión, la
libertad de manifestación y de participación política, todos derechos
violentados por los organismos de seguridad del Estado, con evidentes casos de
censura, uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas,
detenciones arbitrarias y casos de tortura, en especial a miembros de la
Asamblea Nacional, representantes del pueblo por excelencia.
Uno de los llamados más importantes de la comisión, tiene que ver con el
abuso de los organismos de seguridad, en particular del FAES, donde concluyen
que puede haber casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso una política de
control social en contra de la población, sobre todo los sectores con menos
recursos y más afectados por la crisis que ellos mismos han generado.
Nuestra preocupación es que esta crisis debe terminar ya. No hay manera de
tolerar que un gobierno irresponsable nos haya empujado a nuestra peor crisis y
que, como parte de sus políticas, viole sistemáticamente los derechos de todos
los venezolanos. Este informe nos debe dar las herramientas para que las
víctimas puedan tener acceso a la justicia y a una apropiada reparación por los
daños que le ha ocasionado este régimen.
El trabajo que hacemos cada día nos acerca más a ponerle fin a este
desastre. Cada día nos acercamos más al final de esta pesadilla. Nos enfocamos
en reivindicar cada día los derechos de cada ciudadano, desde la libertad a
opinar y a decidir, hasta los más básicos y elementales como la vida y la
alimentación. Nuestra ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y
elecciones libres es la mejor vía para evitar que crímenes como los que refleja
el informe, no vuelvan a pasar en nuestro país.
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