El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), su tercer informe.
En la presentación del informe estuvieron presentes Santiago Cantón, Manuel Ventura y Joanna Frivet, miembros del Panel, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel y miembros y representantes de la sociedad civil venezolana. Víctimas y familiares asistieron para compartir con los miembros del Panel y los presentes, su sufrimiento por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra, así como sus experiencias respecto a la rendición de cuentas a nivel nacional.
El Panel, en su tercer informe concluyó que el Estado venezolano ha incumplido con sus deberes en materia de complementariedad como principal encargado de procurar la rendición de cuentas de los responsables, por lo que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (Fiscalía de la CPI) es urgente y necesaria.
El informe subraya que el Estado venezolano no ha investigado ni enjuiciado a ningún responsable de nivel medio o alto por los crímenes de lesa humanidad cometidos. También indica que el Estado ha tratado los hechos como incidentes aislados, obviando la presencia de una política estatal de persecución generalizada y sistemática y ha procurado la impunidad de facto respecto a los crímenes de encarcelamiento, persecución y violencia sexual. Esto, debido a que la persecución y el encarcelamiento han sido ignorados por la Fiscalía venezolana, a pesar de estar entre los crímenes más denunciados desde 2014.
El Panel también encontró que los actos de violencia sexual han sido tratados, internamente, como un agravante de otros delitos, lo que demuestra un desprecio por el trauma y los derechos de las víctimas.
El Panel, luego de evaluar el sistema de justicia venezolano, señaló en su informe que de la muestra representativa de 183 casos que analizó, confirmó que el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios, lo que representa un alarmantemente 6%, en los cuales las sentencias obtenidas no reflejaron la gravedad de los hechos, ni el contexto generalizado y sistemático y, en todo caso, sólo determinaron la responsabilidad de autores directos de bajo nivel, evidenciándose el uso de figuras jurídicas para atenuar la responsabilidad de estos.
Además, en el 52,5% de los casos, el Estado no ha iniciado ningún tipo de proceso judicial, lo que evidenció que la impunidad generalizada deja a la inmensa mayoría de víctimas de crímenes de lesa humanidad sin expectativas de justicia en un contexto de violencia sistemática y continuada, orquestada por el Estado contra la población civil. En el resto de los casos investigados, la evaluación del Panel concluyó que la mayoría de los casos no tenían autores identificados y experimentaron retrasos significativos derivados de factores endémicos como la ausencia de separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, así como la política asumida por la Fiscalía venezolana.
Además, el informe refleja graves irregularidades cometidas por los órganos auxiliares de la investigación y por el Ministerio Público venezolano. También evidencia que las víctimas fueron maltratadas y amenazadas durante el proceso judicial y que faltan mecanismos reales de protección para las víctimas, así como transparencia en el Poder Judicial venezolano.
En consecuencia, el Panel concluye que la impunidad impera respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo que propicia la continua comisión de crímenes, toda vez que los responsables actúan sin temor a ser reprendidos. Esto queda en evidencia con los últimos actos cometidos por parte del Estado venezolano en la víspera de las elecciones presidenciales, que van desde amedrentamientos e inhabilitaciones políticas hasta el encarcelamiento y la tortura de líderes de la oposición, sus equipos de trabajo, sus familiares, periodistas, defensores de derechos humanos y en general, contra todo aquel que sea percibido como parte de la oposición política.
Finalmente, el Panel hizo las siguientes recomendaciones:
A la Fiscalía de la CPI que centre su investigación en los responsables de nivel medio y alto; que dé prioridad a la situación Venezuela I; que procure la transparencia y la publicidad, tanto de los asuntos que está examinando como de los contenidos de los memorándums; y, que tenga en cuenta la continua comisión de crímenes en Venezuela, así como la obstrucción de la justicia.
Al Secretario General de la OEA, que presente el informe y las pruebas recogidas a la Fiscalía de la CPI; que continúe monitoreando la situación de Venezuela y que procure el compromiso de los Estados miembros de la OEA y del Estatuto de Roma para que presten activamente cooperación y apoyo a la Fiscalía de la CPI, a fin de avanzar en el procedimiento.
A los Estados y la comunidad internacional, que presionen al Estado venezolano para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos; que brinden apoyo y cooperación a la Fiscalía de la CPI, que apoyen de manera voluntaria la participación de la misma en los esfuerzos por la rendición de cuentas en Venezuela; y que contribuyan a prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad, incluso a través del principio de jurisdicción universal.
A las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil, que continúen la labor de documentación y preservación de pruebas y que sigan esforzándose por involucrarse con el Fiscal de la CPI, exigiendo transparencia.
Al Estado de Venezuela, que cese la represión, el encubrimiento y comisión de crímenes, así como los actos de injerencia en la oposición política; que inicie investigaciones por los crímenes de lesa humanidad; que haga reformas institucionales significativas; que procure mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia; así como que dialogue con los actores de la sociedad civil, la Fiscalía y la comunidad internacional.
El Panel, en ejercicio de su mandato, continuará monitoreando la situación de Venezuela y seguirá procurando la obtención de justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.