Human Rights Watch (HRW) acusó este miércoles a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de cometer «ejecuciones extrajudiciales», especialmente en comunidades de bajos recursos. Señaló que desde 2016 casi 18.000 personas murieron en situaciones «de resistencia a la autoridad».
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía venezolana han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos, advirtió HRW en su más reciente informe. Desde 2016 casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad, agrega.
La ONG compara la cifra con lo informado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien en diciembre de 2017 aseguró que en 2016 hubo 5.995 de estos casos y 4.998 en 2017.
Afirma que desde que se crearon las FAES agentes de esta fuerza han cometido graves violaciones de derechos humanos. Sus prácticas coinciden con un patrón de denuncias generalizadas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que eran casos de resistencia a la autoridad, durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del gobierno.
Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y proteger al pueblo frente a las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal.
De acuerdo con el informe, entre 2015 y 2017 las fuerzas de seguridad realizaron redadas en comunidades de bajos recursos en el marco de la OLP. Entre los participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y fuerzas de policía de los estados.
En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Añadió que en un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia.
Con información de Human Rights Watch