El gobierno de Nicolás Maduro asestó un duro golpe al acuerdo firmado en Barbados al solicitar al organismo de derechos humanos de la ONU que abandonara el país en un plazo de 72 horas, situación que prácticamente obligará a Estados Unidos a rescindir la licencia número 44 en el mes de abril, aseguró en su análisis más recientes el economista Ricardo Penfold, de la firma Seaport Global Holdings LLC.
“Esta semana se puso el último clavo en el ataúd. El gobierno asestó un golpe decisivo al Acuerdo de Barbados al solicitar al organismo de derechos humanos de la ONU que abandonara el país en un plazo de 72 horas. La oficina había criticado la detención de un activista de derechos humanos a quien el gobierno acusa de participar en la preparación de un golpe de Estado. La serie de acciones del gobierno, incluida la detención de activistas de la oposición y la forma en que la Corte Suprema (Tribunal Supremo de Justicia) confirmó la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado, no cumplen con el Acuerdo de Barbados”, sostiene el experto en su reporte.
Añade que “con estas acciones, el gobierno de Venezuela está acorralando y obligando al gobierno estadounidense a rescindir la Licencia General 44 en abril. Aunque se prevé que las licencias especiales otorgadas a compañías petroleras como Chevron sigan en vigor y se seguirá permitiendo la negociación de bonos”.
Insiste que a pesar de la presión internacional y los llamados dentro del Chavismo para volver a comprometerse con los EEUU y la Unión Europea,” el gobierno se muestra reacio a celebrar elecciones bajo las condiciones del Acuerdo de Barbados, por considerarlas demasiado arriesgadas”.
“El gobierno y el chavismo pretenden restablecer relaciones comerciales con la UE y EE.UU.; Además, un artículo reciente del Wall Street Journal sugiere que EEUU quiere alejar al gobierno venezolano de la esfera Irán-Rusia-China. Sin embargo, la administración de Maduro no tiene prisa y tiene la intención de controlar el proceso de transición política, lo que eventualmente conducirá al levantamiento de las sanciones. Para lograr este objetivo, está dispuesto a soportar un revés de corto plazo al no cumplir con el Acuerdo de Barbados. El gobierno pretende asegurarse el control de la presidencia en las próximas elecciones y de la Asamblea Nacional en las elecciones de 2025. Una vez que se tenga el control, se podrán reanudar las negociaciones con EE.UU. y la UE. En tal escenario, la recuperación de la producción de petróleo será más lenta y la posible reestructuración de la deuda enfrentará nuevos retrasos”, asegura Penfold.
El especialista sostiene que Estados Unidos buscó una solución relativamente rápida al problema venezolano, que no obtendrá. “Ambas partes navegan actualmente en aguas turbulentas, intentando lograr un equilibrio que se alinee con sus respectivos intereses. Este equilibrio debería encontrarse después de las elecciones a la Asamblea Nacional de 2025”.
Asegura que la percepción de nuevos retrasos en el levantamiento de las sanciones y de una posible reestructuración debería pesar sobre los precios de los activos y compensar la reponderación de JPMorgan de los bonos de Venezuela y Pdvsa en el índice.
“Las cosas en Venezuela están muy fluidas y podría ocurrir algún imprevisto que nos ponga en otro camino. Los acontecimientos inesperados ocurren especialmente en equilibrios inestables”.