La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezolana, en conjunto con Caritas de Venezuela, se reunieron con un número representativo de familiares de las 28 personas que desaparecieron en Güiria, Estado Sucre, en un bote que partió el 23 de abril con destino a la Isla de Trinidad y Tobago, y alertaron sobre la vulnerable situación de quienes forzados a irse del país por la precaria situación que impide su subsistencia, pueden ser víctimas de las redes de Trata de personas que esclavizan a migrantes bajo situación de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Resolución 55/25 Asamblea Naciones Unidas).
La Comisión corroboró de acuerdo a lo señalado por los familiares, que la mayoría de las personas desaparecidas en este hecho fueron mujeres contactadas por personas que les ofrecieron trabajo y mejores condiciones de vida en la isla. A esto se une la desaparición de otra embarcación en el mes de mayo, también con un grupo importante de personas.
Al mismo tiempo los familiares expusieron a los altos prelados, que se les ha informado de que sus familiares en su mayoría mujeres jóvenes perecieron en el naufragio, sin embargo, sus cuerpos aún no aparecen y los organismos encargados de hacer la investigación no dan respuesta oportuna.
La Comisión observa con preocupación el aumento de este tipo de hechos no sólo en la zona oriental del país, sino también en las zonas fronterizas de Falcón, Brasil y Colombia, donde también operan estos grupos de delincuentes que ponen en peligro la vida y la integridad física y la dignidad de mujeres especialmente jóvenes y menores de edad generando una enorme zozobra y desesperación en sus familiares y particularmente en niños y niñas que quedan en situación de abandono, asegura la CEV mediante un comunicado.
La Comisión de Justicia y Paz y Cáritas exhorta a las autoridades del Poder Público Nacional a investigar, perseguir, procesar y condenar a los responsables de los crímenes de trata de personas, a garantizar a los familiares de las víctimas el acceso directo y sin ningún tipo de obstáculos a los cuerpos de seguridad del Estado y órganos judiciales con el fin de que puedan exponer sus casos y además de ello, recibir justicia oportuna y sin dilación alguna, tal como lo prevé la Constitución y los distintos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente se comprometieron a continuar haciendo seguimiento a estos casos y acompañarán a los familiares dentro de sus posibilidades para la obtención de justicia, la información oportuna y el esclarecimiento de los casos.
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