A través de un comunicado público, el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, ante las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la reciente designación de rectores del Consejo Nacional Electoral y las nuevas competencias legislativas que le han sido otorgadas, así como la intervención de los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia, manifiesta su preocupación por las graves consecuencias que estas acciones tienen para la democracia.
La integridad del sistema electoral venezolano entra en una etapa que implicará mayores cuestionamientos a los que ya existían, no solo desde amplios sectores que hacen vida en el país, sino también desde la totalidad de la comunidad internacional democrática, como lo demuestran los pronunciamientos emitidos desde varios países e instancias multilaterales, aseguran.
El centro dirigido por el profesor Benigno Alarcón, sostiene que estas acciones, que pretenden mostrarse como basadas en la justicia, evidencian una disposición a desconocer las reglas constitucionales, así como los principios más elementales de una democracia, a los fines de materializar una elección cuyo único fin pareciera ser el de retomar el control del Poder Legislativo, imponiendo a los rectores y limitando a los votantes sus alternativas de elección.
La nueva violación al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, acarrea como consecuencia inevitable el cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades electorales, y con ello la puesta en duda de sus actuaciones, incluyendo las convocatorias a elecciones, los cambios normativos impuestos desde esa instancia, la administración de los procesos electorales, e incluso sus resultados, lo cual implica una situación de extrema gravedad que podría acarrear una mayor conflictividad para la Nación, puntualizan.
Advierten que esta situación constituye un nuevo retroceso para las libertades y los derechos ciudadanos de los venezolanos.
Esta situación constituye un nuevo retroceso en el estado de las libertades ciudadanas y los derechos políticos para escoger a sus representantes a través de elecciones libres, justas y transparentes, que sin lugar a dudas se verá reflejada en los diferentes índices que a nivel internacional evalúan el estado de la libertad y la democracia en el mundo.
Recuerdan que desde 2013, CEPyG UCAB ha tenido entre sus ejes de investigación los procesos comiciales en el país, a través del Proyecto de Integridad Electoral Venezuela (PIEV), con el propósito de promover la integridad y la confianza plena en el sistema electoral como mecanismo para la fortalecer la gobernabilidad democrática.
Nuestros estudios han establecido una serie de deficiencias que han venido socavando progresivamente la confianza de los venezolanos en el Consejo Nacional Electoral y el ejercicio del sufragio, ante lo cual se han hecho propuestas que han sido documentadas, publicadas y expuestas a la consideración de las distintas instituciones relacionadas con los procesos electorales, sostienen.
Pese a los planteamientos expresados por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, con el respaldo y la participación de buena parte de las organizaciones civiles especializadas en lo electoral, nuestro sistema comicial lejos de fortalecerse, ha ido acumulando mayores debilidades y desprestigio, a tal punto que las elecciones presidenciales de 2018 no pudieron realizarse bajo las mínimas condiciones requeridas constitucionalmente, lo cual degeneró en una crisis política que podría profundizarse si se sigue avanzando hacia las próximas elecciones parlamentarias bajo el rumbo que estas primeras decisiones han impuesto al país, indican.
Finalmente el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB exhorta a que se atiendan los llamados que se han venido haciendo desde la comunidad internacional y diversos sectores del país para que se imponga la racionalidad, el respeto a la Constitución Nacional, los derechos políticos de los ciudadanos, y los principios fundamentales de la democracia. No revertir las decisiones que han sido adoptadas significará perder la oportunidad de construir un acuerdo que permitirá que el sistema electoral venezolano cumpla con condiciones de integridad que son indispensables para evitar un agravamiento de la crisis política, generando de esta manera confianza en el voto como vía para encontrar una salida democrática y dando un chance a la paz.
No olvide ver nuestros reportajes en: www.hispanopost.com