Hace un año, en medio de un estupor que se ha vuelto relativamente frecuente en Venezuela, una comisión policial del gobierno de Nicolás Maduro irrumpió en las oficinas del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y se lo llevó preso, sin que mediara sentencia judicial, y sin que la opinión pública tuviera una idea exacta en torno a los cargos que se le formulan.
Ledezma, uno de los dirigentes fundamental de la Mesa de la Unidad Democrática, lleva un año recluido en su casa, luego de que se le practicara una intervención médica. Los llamados hechos por la dirigencia opositora, por periodistas y por personalidades internacionales, para que se le libere, han resultado inútiles. Las audiencias de su juicio son suspendidas una y otra vez. Su caso da giros sin dirección; y gravita sobre sordidez que maneja el destartalado y corrompido Poder Judicial venezolano.
Como demócrata inobjetable, la figura de Ledezma ha pasado tiempo vinculada al sector más combativo de la MUD, la coalición de partidos opositores al chavismo. La tendencia en la cual han labrado su camino personajes como Leopoldo López y María Corina Machado. Son activistas que han arriesgado la tranquilidad personal y familiar, y que han llevado adelante un valiente testimonio de dignidad ciudadana en medio de la crisis más grave que ha vivido Venezuela en varias décadas.
López, Ledezma, Mahacho y otros salieron a la calle a alertar de forma desesperada el negro cuadro económico y social que le esperaba a la nación luego de la corrompida y completamente fracasada gestión de Nicolás Maduro. A estas alturas, la condición de Ledezma sobrevive al margen del vendaval noticioso. Impedido de declarar, poco se sabe de él. Su esposa, Mitzi Capriles, lleva adelante una valiente y decidida campaña para denunciar la condición de su esposo.
Mientras esto sucede con Ledezma, alcalde en ejercicio del ámbito capitalino, varias decenas de presos políticos opositores ven pasar sus días tras las rejas. Los causantes del drama venezolano, entretanto, siguen en el gobierno, impunes y desafiantes, opuestos a que la Asamblea Nacional recién electa termine de aprobar una Ley de Amnistía que beneficie la causa de Ledezma, como la de muchos otros ciudadanos víctimas de la falta de justicia. La clase dirigente chavista tiene una responsabilidad política y administrativa que es directa en la crisis venezolana. Sobre ellos, en la hora actual, no existe ningún planteamiento legal.
Ledezma ya había sido víctima de las maniobras chavistas para ver reducido su ámbito y cercenados sus derechos. En 2008, luego de haber triunfado sorpresivamente elecciones de Gobernadores y Alcaldes de aquel año, y de haberle arrebatado Caracas al chavismo –toda una hazaña política en el momento-, el alto gobierno chavista urdió un incidente laboral artificial en las entrañas de la Alcaldía. A continuación pasó a tomar violentamente la sede del Despacho, impidiendo al dirigente asumir funciones. Las atribuciones de la Alcaldía Metropolitana fueron a continuación reducidas hasta al absurdo por el parlamento que entonces controlaba el PSUV.
Lo paradójico es que, en este momento, pocos fuera de Venezuela saben que el alcalde en ejercicio de la capital de este país esta preso, y que la mayoría de la gente, a estas alturas, desconoce por qué.