Más de 4 mil protestas se realizaron en el primer semestre de 2020, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). La cifra es inferior a las más de 10 mil manifestaciones que se produjeron en el mismo periodo de 2019 debido a la pandemia del COVID-19 y a las fuertes restricciones y control social ejercido desde los organismos del Estado venezolano, pero las exigencias en las calles continúan.
Durante el primer semestre de 2020 fueron reprimidas 221 protestas por cuerpos de seguridad del Estado y colectivos paramilitares, 129 personas fueron detenidas, otras 62 heridas y dos asesinadas, señala el OVCS. Precisa que hubo 4.414 protestas entre enero y junio, equivalente a un promedio de 25 diarias.
Pese a las medidas restrictivas y el Estado de Alarma frente al COVID-19, vigentes desde marzo en el país, los venezolanos han insistido en dar la lucha en las calles por la reivindicación de sus derechos, acercándose a los índices de protestas de 2017 y 2018, destaca el estudio.
Detalla que a diferencia de años anteriores, durante este período las movilizaciones se vieron afectadas por el Estado de Alarma decretado para combatir el COVID-19, el cual además ha servido como instrumento para la profundización del control social, las acciones represivas y de las violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con la ONG, más de la mitad de las protestas fueron para exigir el derecho a los servicios básicos. En promedio se registraron 14 protestas diarias, para un total de 2.505 en seis meses. Las fallas eléctricas ocuparon el primer lugar de los reclamos, seguidas por las demandas de agua y gas, sostiene.
Esta situación, que hace más vulnerable a la población frente al COVID-19, demuestra una vez más el colapso de los servicios a los que está sometida la familia venezolana, siendo el acceso al agua, electricidad y gas uno de los principales derechos que debería garantizar el Estado a todos sus ciudadanos, aún más cuando desde el poder se controlan estos servicios, agrega el informe.
En el primer semestre de 2020 empeoró la escasez de combustible. Largas colas, que incluían varios días para poder surtirse y racionamiento de la venta según el terminal de la placa del vehículo, formaron parte del panorama en todo el territorio nacional.
La supervivencia en condiciones extremas se ha convertido en un modo de vida en el país de las mayores reservas de crudo del mundo, dominado por un sistema político que ha llevado a sus ciudadanos a la pobreza y desigualdad social, refiere el OVCS.
En menor medida respecto al año pasado, que estuvo marcado por una agenda política de calle, este 2020 las manifestaciones por derechos políticos se han visto reducidas y durante el primer semestre ocuparon el tercer lugar de protestas con 648 acciones ciudadanas, de forma individual o combinada con otros derechos.
La región andina lidera los índices de conflictividad. Por entidad, Táchira ocupó el primer lugar con 488 protestas, seguido de Mérida con 454. Miranda (355), Distrito Capital (349) y Anzoátegui (304), siguieron el conteo de los principales estados con mayor conflictividad.
La Oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en su informe presentado el 2 de julio de 2020, que las acciones tomadas por el Estado en el contexto de la pandemia han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
En Venezuela el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado se ve afectado diariamente por los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, el precario acceso a los servicios de salud y las persistentes carencias de los servicios públicos, que se han agravado durante la COVID-19 y la escasez de combustible, acota.