En 2020 se han registrado al menos 21 detenciones en Venezuela por violar la Ley contra el Odio, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017. Así lo reseñan datos de la ONG, Espacio Público, que defiende la libertad de expresión.
El último caso se refiere a la detención del politólogo y disidente del chavismo, Nicmer Evans, quien dirige el medio de comunicación digital Punto de Corte, que mantiene una línea dura contra la administración de Nicolás Maduro.
El director de Fundaredes, Javier Tarazona, considera que la Ley contra el Odio es una forma de consolidar el miedo como política. Estamos al frente de un acelerado contexto opresivo, en el que toda esa hiperlegislación, toda esa narrativa, lo que busca es desmovilizar en opinión, en organización real, a ciudadanos que rechazan las arbitrariedades que hay en el territorio venezolano, afirmó.
Agregó que las detenciones en su mayoría han sido contra comunicadores sociales y profesionales del área de la salud. Eso tiene un mensaje claro para ese sector: no tienes derecho a informar lo que no digan las fuentes oficiales y no tienes derecho a opinar, aunque tú seas el especialista del sector salud, indicó.
Citó el caso del periodista Eduardo Galindo en el estado Apure. Tenía una de las pocas ventanas para mostrar el contexto que se vive en la entidad. Fue detenido junto a su esposa y su hermano, procesado por publicar situaciones del contexto fronterizo donde están involucrados miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, refirió.
Cuando vemos la imposición del miedo como política, eso tiene un patrón. Reina la arbitrariedad. Ese es el patrón donde todo el mundo es enemigo y sospechoso y eso es una violencia de Estado contra la población más vulnerable. Esto acelera otra de las características del contexto opresivo, que es la crueldad como rutina, los tratos crueles e inhumanos, dijo Tarazona.
Afirmó que hay una censura contra la verdad. Los únicos que tienen la verdad son los que tienen el poder y cualquier opinión distinta se acusa y se aplica la cárcel y persecución. Allí estamos al frente de una privación social: se priva de la libertad de expresión, del derecho a opinar, del derecho a disentir, advirtió.
Hay un total control sobre la actividad pública y esto no es otra cosa que cerrar los espacios cívicos donde todo pasa por una autorización, por la obediencia, por los controles que implementan los que ejercen el poder, añadió.
Al ser consultado acerca de la otra cara de la moneda, donde los voceros oficiales descalifican a opositores y se tilda de trocheros y bioterroristas a los venezolanos que regresan al país, el director de Fundaredes señaló que la Ley contra el Odio en Venezuela se mide con la vara de la arbitrariedad y el autoritarismo.
Es una política de la asfixia ciudadana, de la opresión colectiva. Se mide con una serie de parámetros para una actuación perversa de quienes ostentan el poder y se justifican en la ley, alertó.
Criticó que a los retornados se les señala como arma biológica, lo cual es un trato de odio. Además, repudió que se logra apresar a ciudadanos por emitir una opinión como que en los hospitales no hay material de bioseguridad.
Son contradicciones, pero finalmente es el fiel ejemplo de la crueldad como rutina. Estamos frente a un sistema burocratizado y corrupto que no cumple lo que el marco legal señala o establece, puntualizó.
La ONG Espacio Público detalló los casos en los que periodistas fueron objeto de persecución mientras realizaban sus labores de cobertura durante la pandemia.
En su último informe, la organización contabilizó 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión, entre las más frecuentes figuran: la intimidación, amenazas y censura.
Precisan que las víctimas son en su mayoría periodistas (45%), seguidos por trabajadores de la prensa (20%) y plataformas web (12%); mientras que los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Detalla casos como el del locutor y exconcejal Jorge Cortez, quien fue detenido por funcionarios de PoliLagunillas mientras grababa una serie de entrevistas en la estación de servicio Las Morochas de la región zuliana, el lunes 1 de junio.
Otro caso resaltante es el de la periodista y productora de FM Center, Carol Romero, quien estaba el jueves 4 de junio, cerca de las 6:00 am, en una manifestación por falta de gasolina que se produjo en el Km 7 de El Junquito.
También fue detenida la periodista y coordinadora del portal digital 800Noticias, Luisa Mimi Arriaga, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su residencia en El Hatillo, estado Miranda, el jueves 18 de junio.
A su caso se sumó la detención del periodista Marco Antoima, con la orden del Tribunal 47 de Control una vez transcurridas 24 horas de la aprehensión de Mimi Arriaga.
Ambos comunicadores, exempleados del canal Venevisión, fueron vinculados con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales para presunta difamación y extorsión; junto a otros dos periodistas que están fuera de Venezuela: Rita Di Martino y Rafael Garrido.
La Ley contra el Odio es conocida formalmente como la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Fue propuesta por el propio Nicolás Maduro después de meses de protestas de calle en contra de su administración en el año 2017.