La paz que Colombia sellará definitivamente con las FARC el próximo 20 de julio es tan necesaria como inevitablemente débil y quebradiza a pesar de todos los instrumentos, previsiones y mecanismos internacionales previstos para defenderla y tratar de aclimatarla. Bastará una bala perdida disparada a tiempo o un grito de pánico malévolo para que se haga trizas.
El fin de la guerra intestina colombiana como consecuencia de la pronta desaparición de la vieja y poderosa guerrilla de las FARC llevará al país a una inmediata etapa de tensiones en la que no se verán muchas de las bondades que le han estado inventado a la paz, como que será esencialmente un buen negocio en el sentido de que traerá riqueza y prosperidad súbitas, cuando puede llegar a ser todo lo contrario. Pero lo que sí podrá verse, como en anteriores procesos de paz, es una campaña de exterminio sistemático de quienes dejen las armas, se incorporen a la vida civil y se sometan al imperio del estado de derecho.
Un juez penal de Bogotá, que debe vérselas con los especímenes más violentos y criminales del país, me explicó esta semana que, hasta donde ha podido percibir, si los acuerdos de paz no les significan ninguna prerrogativa inmediata a líderes de los grandes escuadrones de la muerte y de la mafia que pululan en el país, es probable que desenlacen grandes olas de violencia. Un signo de ello puede ser la inesperada reaparición de «Popeye» (aciago jefe de sicarios de Pablo Escobar) para anunciar que postulará su nombre al Senado de la República, en representación de lo que describió como «la ultraderecha». Este bandido, que acaba de purgar, con rebajas, una condena a 30 años de cárcel por haber asesinado directa e indirectamente a cerca de tres mil personas, hoy goza de entera libertad, tiene un canal en YouTube con 130 mil suscriptores y más de 10 millones de visitas. Los principales medios de comunicación del país se convirtieron en su obsecuente y formidable caja de resonancia por medio de la cual lleva días enteros planteando a los cuatro vientos los meditados remedios que le tiene preparados a Colombia para contrarrestar, desde su punto de vista de homicida con sumado, los resultados de la paz.
«Popeye» se mueve con holgura por su natal Medellín, con la seguridad y la soltura de un tiburón en mar abierto. Está consagrado a la devoción de «la Virgen Santísima» y los transeúntes le estrechan la mano cuando se lo topan por la calle o lo saludan con toques de bocina al verlo pasar. Viste a la moda y lleva una vida de desahogo y bienestar que no ha explicado cómo costea. Es evidente que regresó a sus dominios y a sus viejos tiempos desde cuando salió recientemente de la cárcel en la que permanecía aislado en una celda de extrema seguridad. Proclama con frecuencia que por haber estado preso 22 años y tres meses «soy un hombre socializado» y por haber leído algunos «clásicos de la literatura» y terminado el bachillerato en prisión, alcanzó la talla política precisa para hacerse senador. Además, su extensa carrera homicida, dice, mal que bien le reveló muchos de los más útiles secretos sobre el funcionamiento del país.
«Popeye» puede ser hoy solamente la expresión más ridícula y decadente del asesino que fue, pero simboliza las amenazas contra la paz que pueden llevar a una nueva guerra. Sectores criminales consolidados en forma de ejércitos y con extensos territorios bajo su dominio observan con cautela la actual pacificación del país para atacarla, amparados, además, por sectores del propio Estado, como el Ejército y la Policía Nacional.
La fuerza más hostil visible es el sindicato nacional de escuadrones de la muerte conocido como Los Úsuga y recientemente renombrado por el gobierno como Clan del Golfo por tener a su jefatura concentrada en el golfo de Urabá, región geoestratégica donde terminan, por el sur, las costas colombianas sobre el mar Caribe y comienza Centroamérica. Esta organización sicarial y sus aliados estatales están en plena capacidad de emprender un plan de exterminio de quienes se entreguen esta vez y de quienes simpaticen con ellos y las fórmulas políticas legítimas que utilizarán para desenvolverse dentro de la vida legal.
La mayor parte de las organizaciones criminales y narcotraficantes de Colombia fueron sometidas y cooptadas durante el último año bajo el mando de
Los Úsuga y recientemente demostraron su poder paralizando durante varios días todas las actividades cotidianas en cerca de medio país. Dominan y reciben dividendos de las actividades, legales e ilegales, intervenidas por el crimen. Extensos sectores comerciales formales de las ciudades reciben visitas semanales de cobradores que van por cuotas obligatorias en dinero, controlan también el narcotráfico, la prostitución, el agio, los juegos de azar, el contrabando de mercancías, la minería, el comercio de armas o el transporte público.
Esta confederación del crimen, estrechamente ligada también a la extrema derecha y usufructuaria de los presupuestos públicos municipales por medio de la contratación, está en capacidad de repetir el genocidio político que la extrema derecha, el narcotráfico y las Fuerzas Militares cometieron con el partido político Unión Patriótica, UP, fundado en 1985 con el objeto de facilitar el paso a la vida legal de las FARC durante un proceso de paz que estuvo a punto de consolidarse en el gobierno del conservador Belisario Betancur (1982-1986).
La UP enarboló la bandera del socialismo democrático y se separó abiertamente de la insurgencia. Por medio del voto popular, formó en el Congreso Nacional una activa bancada y eligió alcaldes en diversas regiones del país. No obstante, entre 1985 y 2002 le fueron asesinados dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa) ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y al menos cinco mil de sus activistas. Bajo un mismo plan de exterminio, fueron alcanzados de manera sistemática por pistoleros de grupos paramilitares, las Fuerzas Militares y de seguridad del Estado y narcotraficantes, entre ellos Pablo Escobar y su asesino de cabecera: «Popeye».
Las UP desapareció por física sustracción de materia y debido a ello su reconocimiento legal fue cancelado pero en 2013 el Consejo de Estado
le devolvió su personería jurídica por medio de un fallo en el que reconoció que había sido objeto de un auténtico genocidio político.
Hoy, cuando las FARC vuelven a estar a las puertas de la paz y tienen concentradas a sus fuerzas para que queden completamente desarmadas en los próximos seis meses, la amenaza de un genocidio también ha regresado con Los Úsuga listos a cometerlo y las fuerzas militares y de policía dispuestas a cooperarles en la misma forma que les permiten paralizar medio país cuando quieren hacerlo.
El genocidio de la UP fue consolidado por las fuerzas paramilitares formadas por medio del respaldo abierto que, siendo gobernador de Antioquia, les concedió Álvaro Uribe Vélez para ejercer el crimen bajo el nombre de «Convivir».
Esta vez «Popeye» ya se manifestó de nuevo contra la paz y, con la voz de la experiencia, anunció: «Me uniría con el senador [Álvaro] Uribe, si él me lo pidiera.