Hace cuatro meses, en el río Caroní, en el estado Bolívar, se encontró el cuerpo de la joven de 16 años de edad Ángela Aguirre después de tres días de haber sido vista por última vez. Desde entonces el hecho se ha convertido en el caso de femicidio más alarmante de Venezuela y se ha enfrentado a constantes irregularidades y audiencias diferidas, sin embargo, ahora finalmente pasará a juicio.
El viernes 19 de julio, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Control, Audiencias y Medidas en materia de violencia contra la Mujer del área Metropolitana de Caracas admitió los cargos por los que los siete imputados del caso de Ángela Aguirre están acusados, y con ello avanza el proceso y se pasa a la siguiente fase.
Violencia sexual, femicidio agravado, encubrimiento y cómplice necesario, fueron los delitos admitidos por el juez en la audiencia preliminar, ejecutada el pasado viernes luego de ser diferida el día anterior por problemas en el traslado de las dos implicadas mujeres que forman parte del grupo de siete personas.
Ha sido un proceso viciado, con una clara violación al debido proceso y el hecho de que en la audiencia preliminar se ratificaran los cargos por los cuales se estaban imputando los implicados es algo positivo, explica el abogado Robny Gutiérrez, de la Comisión para los Derechos Humanos y La Ciudadanía (Codehciu), una de las organizaciones no gubernamentales que acompañan el caso.
El jurista afirma que para conocer la fecha en que iniciará el juicio hay que esperar la redistribución del tribunal en un lapso no mayor de cinco días y en ese plazo debería conocerse el tribunal para luego fijarse la audiencia de juicio.
Gutiérrez además de expresar que ha sido un caso injusto, cruel e inhumano, detalla que los femicidios han sido la cara oculta de la justicia venezolana porque han querido ocultar este tipo de situaciones y como las cifras negras de la criminalidad son ocultas, no hay estadísticas oficiales y en las organizaciones se hace un trabajo enorme para recolectarlas.
El año pasado, durante abril y marzo se registraron 143 casos de violencia de género en el estado Bolívar, según datos del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg). De los cuales, 67 ocurrieron en el municipio Caroní, lo que lo convierte en el más violento del estado.
De los 143 casos, 12 fueron de genocidio activo, 50 de femicidio pasivo, 21 de femicidio en grado de frustración, 20 de violencia sexual, tres de desapariciones y tres de presuntas redes de trata.
Ha sido la presión de los ciudadanos, de la gente y de las ONG, el paso fundamental para lograr un resultado concreto, porque si los ciudadanos guardaran silencio se permitiría que más muchachas como Ángela Aguirre sean víctimas de femicidio, recalca el abogado.
Los siete imputados en el caso permanecerán privados de libertad. Las dos mujeres, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, continuarán en la sede del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, mientras que los cinco hombres, José Alberto Cedeño, José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz, seguirán en el Rodeo II.
Los padres de Ángela Aguirre permanecen en silencio y sin contestar las llamadas de los medios. La cuenta de Twitter del padre, Ángel Aguirre, por donde informaba lo que ocurría en la investigación, está restringida.
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