Trabajadores y representantes sindicales fueron sitiados y amenazados por colectivos adeptos a la administración de Nicolás Maduro en las afueras de la sede del Poder Legislativo cuando esperaban ingresar al hemiciclo de sesiones, para debatir el anteproyecto de ley de garantías laborales, civiles y judiciales para los trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas.
Durante el merodeo de los motorizados hubo agresiones físicas como las que sufrió Igor Lira, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Telecomunicación de la Cantv, quien recibió un golpe en el pecho propinado por uno de los sujetos.
Veníamos entrando a la Asamblea Nacional (AN) y frente a la Guardia me agredieron a mí y a un grupo de personas. Eso es lo que nos viene pasando a todos. Parece que las calles, como dice la Constitución, no son del pueblo sino de los colectivos, dijo el sindicalista agredido.
Para Lira, las agresiones y los amedrentamientos no son hechos novedosos. Lo que estamos es reclamando nuestros derechos, garantías constitucionales, garantías que están en la ley. Lo que estamos pidiendo es que se nos mejoren nuestros salarios, que exista la estabilidad, que el Estado deje de estar botando a los trabajadores sin ninguna razón, como el caso de los del Metro.
Los trabajadores se concentraron en la Plaza Morelos para luego emprender una caminata hasta la AN, pero fueron bloqueados en el punto de partida por un piquete anti motín de la Policía Nacional Bolivariana que les impidió que marcharan como lo habían anunciado este lunes tras el encuentro con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Durante todo el trayecto -desde la Morelos hasta la sede de la AN- hubo presencia de funcionarios de la PNB y de la GNB, especialmente frente a la sede de la Fiscalía.
Los trabajadores denunciaron que los funcionarios ni siquiera les permitieron caminar libremente por la calle.
Unos siete compañeros decidimos caminar en grupo para evitar que nos detuvieran y fuimos abordados por un grupo de la GNB por el puente Anauco para decirnos que no podíamos transitar. Si quieres te vas por otro lado, no dijeron, y nos tuvimos que meter por Candelaria. Luego nos amedrentaron los colectivos, relató Pablo Zambrano, secretario de Fetrasalud.
Solo ingresaron 12
En medio de la presencia de los defensores de la revolución como ellos mismos se denominaron, el diputado a la AN por la MUD, Miguel Pizarro, intercedió para que la GNB permitiera el ingreso al hemiciclo de 12 representantes de las centrales sindicales y movimientos de base para la discusión del anteproyecto.
¿Por qué 12? Porque al Palacio Legislativo no podemos meter a las 50 personas que vinieron con los sindicalistas. No podemos meter a los movimientos completos y la idea es que venga un grupo pequeño que nos pueda consignar el documento, con el que podamos hacer interlocución y que a partir de ahí puedan iniciar la discusión, explicó.
Exigen que el proyecto se apruebe
El lunes 18 de marzo, representantes de gremios, sindicatos y del Frente Amplio Venezuela Libre de Caracas sostuvieron un encuentro con Juan Guaidó en el que pidieron a la directiva del Parlamento que aprobara el proyecto de ley de garantías, que en el artículo 1 establece garantizar los derechos laborales, civiles, sociales, políticos y económicos de los trabajadores que hayan sido despedidos, removidos o sancionados judicialmente sin el debido proceso.
Pizarro anunció que para el próximo 20 de marzo se reunirán con los diputados José Trujillo y Olivia Suárez para discutir el proyecto de Ley de Garantías.
Previo a la marcha
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Fapuv, Lourdes Ramírez de Viloria, rechazó la decisión del Ministerio de Educación Universitaria de exigirle a las casas de educación superior firmar un documento de reconocimiento a la administración de Nicolás Maduro para la autorización de los recursos que se emplean en el pago de nómina.
Desde la plaza Morelos, en Caracas, lugar en el que se concentran trabajadores del sector público para marchar rumbo a la Asamblea Nacional, Viloria afirmó que la administración de Maduro se equivocó al creer que reteniendo esos salarios lograría el reconocimiento. Más de 200 mil familias se ven afectadas con esta decisión.
Reiteró que el sector universitario apoya al Poder Legislativo e insiste que Maduro incurre en usurpación de poder.
Por su parte, Pablo Zambrano informó sobre la persecución y acoso contra su hijo, Mauro Zambrano, quien ha denunciado irregularidades en el funcionamiento de los hospitales en el país.
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