El fiscal de la Corte penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant; así como de Yahya Sinwar, líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar, y de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, acusados todos de crímenes lesa humanidad. Recordemos que en marzo de 2023, la CPI también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra varios comandantes militares rusos acusados de crímenes de guerra.
La responsabilidad internacional del Estado se compromete a través de la actuación individual de los funcionarios y agentes que actúan en su representación, y también por la omisión e incumplimiento de su deber de investigar y sancionar abusos cometidos en su jurisdicción. Una vez que se han agotado los recursos internos o que no ha sido posible agotar los mismos, los mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos tienen la facultad de determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los tratados de derechos humanos que les competen. La CPI es la que determina la responsabilidad penal individual (no del Estado) y actúa como órgano internacional independiente bajo el principio de complementariedad. Su jurisdicción es complementaria y no sustituye a los Estados ni suple su deber de investigar, sancionar y reparar. En el caso de Venezuela, las investigaciones y dictámenes contra el Estado se deben a que las víctimas no han podido agotar los recursos internos para lograr que se haga justicia.
En este contexto, las órdenes de captura contra los mandatarios de Rusia e Israel demuestran que la CPI no es un tigre de papel, que puede actuar con firmeza y rapidez y todo esto remueve y exacerba la incertidumbre y el temor de los gobernantes y funcionarios que son investigados por la CPI.
La reinstitucionalización del Poder Judicial
Atendiendo al principio de complementariedad, para que la CPI y otras instituciones internacionales encuentren razones para considerar innecesaria su actuación en Venezuela, hay que lograr el fortalecimiento y eficacia del Poder Judicial para que pueda investigar con independencia y autonomía las responsabilidades individuales por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Con este fin, hay que acordar la reinstitucionalización del Poder Judicial a través de los concursos de credenciales para excluir de la postulación a candidatos a jueces y magistrados que hayan tenido militancia política partidista en los últimos diez años, o cargos en el Poder Ejecutivo durante el período constitucional en curso. Estos avances indicarían a la CPI y otros organismos internacionales que los tribunales nacionales ya están en capacidad de desarrollar adecuadamente las investigaciones para que se sepa la verdad, haga justicia, reparen los daños, no se reedite la tragedia y se salve la memoria.
¿Qué desean quienes han estado durante 25 años en la oposición?
Desean lograr la alternabilidad en el poder y presionarán para que la toma de posesión no tenga que esperar del 29-J hasta el 10-E. Pero sin garantías de no persecución esto no será posible y la alternabilidad en el poder tampoco puede ser a cualquier precio. Para no caer en la impunidad mientras se fortalece el Poder Judicial habrá que activar mecanismos de Justicia Transicional con apoyo internacional. En estas instancias se puede determinar qué hechos, en qué casos y quiénes pueden ser susceptibles de medidas especiales de sobreseimiento, indulto, reducción de la condena o fin de la acción penal. En este proceso quedan excluidas las violaciones a DDHH que comprometen la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal internacional individual por delitos contemplados en el Estatuto de Roma. En cualquier caso, el beneficio de las medidas excepcionales estará condicionado al esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación de daños, la no repetición de la tragedia, y la memoria histórica.
¿A qué temen quienes están en el poder?
En caso de perder las elecciones, quienes ejercen el poder no quieren verse expuestos a una ola de persecuciones juicios y condenas. Para incentivar la alternabilidad en el poder, los costos de salida tienen que ser menores a los costos de permanecer en el mando. Despejar estos miedos comienza por eliminar las recompensas internacionales y sanciones personales en contra de altos funcionarios del gobierno y autoridades de los poderes públicos del Estado venezolano.
Pero también hay miedo en los cargos medios y bajos de la administración pública que temen una cacería de brujas y una ola de despidos masivos de los funcionarios que formaron parte del gobierno anterior. Estos miedos hay que disiparlos y ofrecer garantías a los funcionarios públicos de que podrán ser ratificados en sus cargos a través de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.
Tienen miedo los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población venezolana que temen perder la bolsa de comida, los bonos monetarios que reciben a través del Carnet de la Patria, que se elimine la misión vivienda y otras misiones sociales que los benefician, así como otras medidas de protección social y subsidios que otorga el gobierno.
¿Cuáles amenazas deberían dejar de hacerse?
El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las Presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Su principal líder desafió a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso” y con ese fin promueve y respalda las investigaciones en la CPI.
Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Esto los puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. La estrategia amenazante ha generado un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen sr víctimas de una cacería de brujas.
¿Cómo abonar la confianza mutua que facilite la alternancia en el poder?
Sin garantías de no persecución, el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que va a perder. Hay que evitar que el miedo a ser sometidos a una ola de persecuciones se instale en el gobierno y los empuje a anular la tarjeta de la MUD. Evitar que la incertidumbre en torno a la tarjeta de la MUD y el temor a perderlo perturben la elección presidencial, exige acordar garantías de no persecución política para todos, tanto para quienes pierdan el poder, como para que quienes ganen puedan asumir el mando y gobernar.
Pero el oficialismo no va a tomar la iniciativa de proponer un pacto de garantías de no persecución porque esto puede interpretarse entre sus seguidores como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Para el chavismo, asumir esa posición de perdedor a priori lo consideraría desmoralizante y desmovilizador. Su gente no iría a votar. Por lo tanto, no lo van a proponer.
Es el candidato opositor con mayor opción de ganar quien está llamado a hacerle al gobierno una propuesta realista, pragmática, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías de no persecución. Pero tiene que hacerlo antes de que el miedo se convierta en terror y el TSJ anule la tarjeta de la MUD.