Beneficiarios de las bolsas de alimentos -distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)- fueron sorprendidos en los últimos días con la «orden de arriba» de contestar un cuestionario relacionado con una nueva cartografía social de Venezuela, aseguraron vecinos de varias parroquias caraqueñas.
Los afectados que pidieron guardar sus nombres en reserva revelaron que fueron advertidos de «la conveniencia» de responder el cuestionario.
«El vocero del consejo comunal me dijo que si no respondía me iban a quitar el CLAP», contó un afectado.
Otro consultado precisó que «por la planilla en físico para llenar el cuestionario te cobran 20 bolívares adicionales al precio de la bolsa».
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa de Caracas contra las invasiones y expropiaciones, denunció que la cartografía del CLAP «forma parte de la manera solapada con que el oficialismo avanza en su estrategia de expropiar inmuebles con fines de control social».
En este contexto, recordó que la iniciativa fue anunciada por el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, en septiembre de 2019.
Entonces, el titular informó la realización -en dos fases- del XV Censo de Vivienda con la novedad de asignar un código QR a cada inmueble para una mejor identificación de su estatus.
Enseguida, las alarmas se encendieron entre los propietarios de los inmuebles con protestas de calle en contra del censo habitacional oficialista.
Rojas indicó que desde 2019 se incrementaron las denuncias hechas al Frente sobre invasiones llegando al centenar en un año.
«En lo que va de 2023, hay denuncias de 40 invasiones. Pero de este tipo de acción hay más casos, pues muchas víctimas se abstienen de denunciar por las amenazas y represalias de los colectivos, quienes actúan con el apoyo de autoridades municipales», expresó el dirigente.
El censo oficialista no se detiene
Después del anuncio de Melendez de setiembre de 2019, los personeros de la administración de Nicolás Maduro oficialmente han permanecido de bajo perfil.
Sin embargo, Rojas advirtió que «eso no significa que se quedaron tranquilos. Por el contrario, el censo de vivienda ha continuado y, lo más grave, es que los empadronadores son los mismos invasores: colectivos, dirigentes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y representantes del gobierno municipal».
Como ejemplo, citó la reciente expropiación del terreno propiedad de la Federación de Enfermeras ubicado en San Bernardino.
Aquí el colectivo -con la presencia del síndico municipal- acudió con la orden de desalojo a los inquilinos (productores agrícolas que venden los productos en el sitio) que están bajo contrato de arrendamiento con la Federación de Enfermeras.
Piden no responder el censo
El dirigente vecinal refirió que el gobierno ha usado como distracción la devolución a su dueño original del centro comercial Sambil La Candelaria como una señal del cese de las expropiaciones e invasiones.
«El censo de vivienda no se ha detenido y los empadronadores identifican qué viviendas son susceptibles de invasión como es el caso de propietarios adultos mayores vulnerables», alertó Rojas.
Respecto a la cartografía de los CLAP, el Frente de Defensa se está reuniendo con las juntas de condominio, “consejos comunales honestos” y otras organizaciones de vecinos para que llamen a los residentes a no responder el cuestionario.
Vecinos de las parroquias caraqueñas indicaron que los voceros chavistas de los consejos comunales están «dorando la píldora» para que la gente llene la planilla con la promesa de beneficios adicionales como bolsas de proteína (carne, pollo y pescado), mejoras en los servicios de agua, telefonía, electricidad y aseo urbano, además de buena atención en los sistemas de salud y catastral.
«Es una trampa para que la gente responda.Yo no les creo después de los desastres ocasionados por el gobierno con salarios de hambre, la inflación y el mal estado de los hospitales», sostuvo un residente en Candelaria.
Rojas insistió que los colectivos utilizan las invasiones para lucrarse a costa de los nuevos ocupantes de las viviendas, las cuales subarriendan cobrando traspasos y los subsiguientes alquileres.
Otro flanco muy lucrativo, agregó Rojas, para los colectivos son los locales comerciales de las plantas bajas de edificios donde instalan mini centros comerciales como se observa en un inmueble en la esquina de Marrón.