El reciente homicidio de un funcionario de la Policía del estado Miranda de Venezuela a manos de un manifestante, reabrió un debate en ese país latinoamericano sobre el uso de armas de fuego para la contención de las protestas. El oficial agregado José Molina R., murió a causa de un disparo realizado desde el sitio donde se encontraba un grupo de personas obstaculizando el tránsito para expresar su descontento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Los agentes que integran el grupo de antimotines de ese cuerpo de seguridad, se sienten ahora desprotegidos ante el recrudecimiento de la violencia en las movilizaciones ciudadanas y afirman que se encuentran en desventaja frente a los manifestantes.
El 27 de enero del año 2015 se publicó en Gaceta Oficial de Venezuela la resolución 008610 del Ministerio para la Defensa, que autorizaba a la Fuerza Armada a usar la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal ( ) para evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios.
La decisión fue objeto de polémica, principalmente porque la Constitución de ese país latinoamericano prohíbe expresamente el uso de armas de fuego, químicas o tóxicas para dispersar a los ciudadanos.
