Hacer denuncias sobre el COVID-19 en Venezuela, reenviar cadenas de Whatsapp o que instituciones calificadas emitan informes acerca de la pandemia, se ha convertido en una tarea de alto riesgo debido a las detenciones y amenazas por parte de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.
La abogada miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta reveló que han documentado 87 detenciones por haber mandado una cadena, haberse quejado o haberse pronunciado por cualquiera de las situaciones relacionadas con la pandemia en las redes sociales como Facebook, Twitter y la aplicación Whatsapp.
Hicimos un informe que tiene que ver con más controles y menos derechos humanos, dijo Acosta a HispanoPost. Excusándose en la pandemia lo que vemos es una reducción de los derechos y hay más persecución.
Agregó que No solo quieren ocultar la realidad que vive el venezolano día a día de que no tiene acceso a servicios básicos como electricidad, agua, alimentos por altos costos, que no tiene acceso a combustible. Además de querer tapar esta realidad y tapar cifras reales porque todos tenemos incertidumbre de cómo se están atendiendo los casos, el gobierno ha aprovechado para imponer más control y más censura. Ha utilizado la excusa de la pandemia para detener a estas personas y para reducir derechos, añadió.
Denunció que lo de la gasolina lo hemos vivido en carne propia los abogados y defensores de derechos humanos. Hemos tratado de acceder a los tribunales y no te puedes movilizar. Los tribunales están todos cerrados, las fiscalías todas cerradas, no hay acceso a información de los centros de reclusión con la excusa de la pandemia, pero en realidad lo que vemos es más arbitrariedad y disminución de sus derechos fundamentales.
La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras dijo a HispanoPost que los trabajadores de la salud viven una situación que está generando mucha alarma porque se han dado casos de personas que han emitido alguna opinión sobre casos que tienen conocimiento y han sido privados de libertad. El caso de médicos, una bioanalista del estado Trujillo, ha generado una suerte de terror dentro del personal.
Denunció que han tenido casos extremos de que le quitan los teléfonos al personal de salud, se los revisan tratando de tapar lo que debería ser una información pública sobre el virus. Reveló que las amenazas provienen desde el Instituto Venezolano del Seguro Social.
Más que todo son los hospitales del Seguro Social con una administración arbitraria, violadora de derechos laborales consecuentemente. Tenemos más de 300 enfermeras suspendidas desde 2018 por protestar y ahora quieren limitar una información que debería ser pública, lamentó.