La batalla legal para decidir quién tiene legitimidad para iniciar el «Brexit», el Gobierno o el Parlamento, concluyó tras cuatro jornadas en el Tribunal Superior británico, que a principios del año entrante dictará una sentencia histórica que modificará el marco constitucional del Reino Unido.
El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, espera que la máxima instancia judicial británica revoque la decisión que tomó en noviembre el Tribunal Superior, que le obliga a pedir permiso al Parlamento antes de iniciar formalmente la salida de la Unión Europea.
Frente a los argumentos del Gobierno, abogados de diversos ciudadanos han sostenido que evitar un voto en la Cámara de los Comunes socavaría sus derechos constitucionales, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte han reclamado que sus Parlamentos autonómicos sean consultados antes de iniciar la ruptura.
Por primera vez, los once magistrados permanentes del Supremo evaluarán un caso que ha provocado un desacuerdo entre los expertos legales en el Reino Unido, un país que no cuenta con una Constitución escrita.
En la última sesión del proceso, el letrado Richard Gordon, en representación del Gobierno regional galés, afirmó que si el Ejecutivo invoca una antigua prerrogativa real para romper de forma unilateral los vínculos con la UE estará dando un paso «de naturaleza sísmica».
