El gobierno de Donald Trump a finales de enero de 2019 aprobó una orden ejecutiva dirigida a prohibir exportaciones de crudo y combustibles por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hacia Estados Unidos con el objetivo de propiciar un cambio político en Venezuela, es decir, impulsar la salida de Nicolás Maduro y que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera un gobierno de transición justamente ese mismo año, y de esa manera convocar unas elecciones. Eso no ocurrió.
Después de dos años de vigencia de las sanciones, la nueva administración de Joe Biden afronta la realidad en sus relaciones con América Latina: el conflicto político venezolano persiste, se ha agravado la situación económica-social y se ha intensificado la cifra de migrantes venezolanos -más de 6 millones de personas- hacia cualquier parte del mundo sobre todo en las Américas, incluido Estados Unidos.
Tomando en cuenta que la economía venezolana está marcada por su sector petrolero, debido a que más de 90% de las divisas que recibía provenían de la exportación de hidrocarburos, las sanciones ocasionaron una reducción de ingresos al punto de que llegaron a un mínimo anual por el orden de 8.000 millones de dólares como se dio en 2020, de acuerdo con la data de la firma Ecoanalítica. Ese desplome estuvo marcado por una reducción en las ventas externas producto de las sanciones, pero también por los efectos de la pandemia de la COVID-19.
“Las sanciones de Estados Unidos no propiciaron un cambio político, pero sí económico”, sentencia el economista Víctor Álvarez, quien fue ministro de Industrias Básicas durante el gobierno de Hugo Chávez y hoy forma parte de ese grupo heterogéneo que llaman chavismo disidente. “Debido al agotamiento de la renta petrolera y a las sanciones, Maduro ha tenido que buscar apoyo en el sector privado y por eso está cambiando el modelo económico venezolano”, acota.
La administración de Maduro ha permitido que el dólar se imponga como moneda de facto que circula plenamente en Venezuela. El sector privado paga a sus trabajadores bonificaciones en divisas que parten de un piso mensual de 50 dólares, cifra que supera en más de 10 veces el salario mínimo de la administración pública, el cual se aproxima a cinco dólares; y se han buscado opciones de inversión a través de la aprobación de una legislación llamada Ley Antibloqueo para captar financiamiento externo y nacional. Sin embargo, como acotó el economista Francisco Monaldi, investigador de la Universidad Rice, en una conferencia sobre temas energéticos, esta ley “no tiene la robustez necesaria para aquellas empresas que creen en el imperio de la ley”.
Por otro lado, según los pronósticos de Ecoanalítica para 2021, la administración de Maduro registrará un incremento en ingresos por concepto de petróleo: un aumento de 37% para alcanzar 11.000 millones de dólares por cierta estabilidad en las ventas al exterior y por el hecho de que el precio del crudo venezolano, el tipo Merey, se ha sextuplicado en un año, al pasar de 7 a 46 dólares por barril. Sin embargo, esa cifra es apenas menos de la décima parte de lo que percibió Venezuela en un año hace una década.
Además de ello, desde junio del año pasado se estableció un esquema de venta de combustibles que mantiene el subsidio -gratis para conductores de transporte público y de carga- y una tarifa de 5.000 bolívares por litro para particulares con una modalidad de expendio en divisas de 50 céntimos de dólar por litro en determinadas estaciones. Pero las refinerías apenas llegan a suministrar 40% de la demanda que requiere el país.
La salida de la administración de Maduro fue darle prioridad al suministro para la ciudad de Caracas y esporádicamente al interior del país, donde predomina un mercado negro en el que el combustible se vende hasta en cuatro dólares o más el litro. Asimismo, se han incrementado los despachos informales de combustible hacia regiones fronterizas como Zulia, Táchira y Apure. “Ahora el contrabando de gasolina es a la inversa, es decir, desde Colombia hacia Venezuela a través de los llamados pimpineros y vehículos modificados”, señalan los reportes de la organización no gubernamental colombiana Crudo Transparente.
Desplome y estabilización
Un efecto que la administración de Maduro atribuye a las sanciones es el desplome de la producción petrolera. Las cifras oficiales que el Ministerio de Petróleo reporta indican una disminución de 73%, si se toma como comparación la cifra de 1,4 millones de barriles diarios en enero de 2019 (un mes antes de la medida de Trump) y el nivel de 392.000 barriles diarios, que se registró en julio del año pasado, aunque después la extracción de crudo ha logrado repuntar con altibajos para aproximarse a un promedio de 500.000 barriles en los primeros cuatro meses de 2021.
Igual ocurre con las exportaciones de crudo, que llegaron a caer una cifra similar en el mismo período, pero en el lapso de enero-abril de este año alcanzaron un promedio relativamente estable sobre los 660.000 barriles diarios.
Sin embargo, todavía ese volumen está 40% debajo de las ventas al exterior que se tuvieron hasta antes de que entraran en vigencia las medidas adoptadas por Trump, que incluyeron también en marzo de 2020 a empresas extranjeras que comercializaban el crudo venezolano.
“Las sanciones, sobre todo las que se impusieron contra dos filiales de Rosneft, movieron a Pdvsa a ofrecer grandes descuentos que llegaron hasta tres dólares por barril para el crudo Merey y realizar oscuras exportaciones de crudo hacia canales que no son transparentes y que en su mayoría están llegando a China”, agregó Monaldi.
David Voght, director de la firma consultora IPD Latinoamérica, coincide afirmando que las sanciones han llegado al punto de ser “contraproducentes” porque “Pdvsa ha encontrado cómo violar las sanciones” y lo que hay ahora es un puñado de traders oscuros que exportan en su mayoría a China, parte como swaps. “Hay una completa falta de transparencia que se contrapone a lo que el régimen de sanciones quiere lograr”, apuntó.
Monaldi añadióque el gobierno de Trump “impuso la política de máxima presión para producir un cambio político rápidamente, pero eso no ocurrió, solo fueron efectivas para reducir los ingresos de la administración de Maduro”.
Por eso, ambos expertos coinciden con que el régimen de sanciones a Venezuela debería de revisarse, pero “con una visión de largo plazo”.
“Los asuntos humanitarios en Venezuela están dominando, comenzando por la crítica distribución de diésel y gasolina que está perjudicando la distribución de alimentos y el básico funcionamiento del país. Por eso se debe estar pendiente sobre lo que ocurra con las refinerías, cómo se cubre el déficit del balance que arroja el mercado de combustibles en el país y atenderlo cuando sea necesario”, afirma David Voght.
Para el experto, “el régimen de sanciones debe estar en línea con lo que en la administración Biden se pueda lograr y no solo mantener la presión como ocurrió con Trump”.
Además, Voght sostiene que la política de Biden debe privilegiar la permanencia de empresas petroleras que tienen años operando en el país y que actualmente están limitadas de financiar cualquier proyecto que contribuya a mejorar la situación de la industria de los hidrocarburos.
“Venezuela necesita estar lista para recuperar su economía dependiendo de cualquiera que sea la modalidad de resolución a su crisis política y para eso se necesita tener listas a las compañías petroleras que permanecen en el país para hacer lo que se requiere”, dijo Voght.
Por eso ha sostenido que la estrategia de la administración Biden frente a los activos americanos presentes en Venezuela, “representa una oportunidad para evaluar el impacto colateral de las sanciones frente a los objetivos originales”. Advierte que “es posible que las soluciones a la compleja situación política en Venezuela no se logren de la noche a la mañana, pero los ajustes al régimen de sanciones, especialmente dada la evidencia de estancamiento de las políticas e incluso contraproductividad, bien merecen una consideración cuidadosa».
Por su parte, Monaldi advierte de los peligros de no dar mantenimiento ni invertir en el sector, ya que, al final, “se verá una reducción permanente en la capacidad de producción” que llevará a una “destrucción completa de la industria” y cuyo impacto humanitario “será innegable”.