Hace un año Venezuela se posicionaba, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), como la nación más pobre de América Latina y la segunda del mundo. Un hecho que se evidencia en una precaria alimentación en los hogares, donde los más afectados son los niños. Pero “la situación actual de la desnutrición en el país es cada vez más compleja”, afirma la coordinadora de investigación de la Fundación Bengoa, Maritza Landaeta.
Explica que la complejidad se debe a que afecta con distintas intensidades en diferentes partes del territorio nacional. “Es más intensa en las zonas periurbanas y en las localidades del interior alejadas de la ciudad, en las rurales y en las indígenas, donde las familias en inseguridad alimentaria superan el 80% y existe una imposibilidad de disponer de ingreso para adquirir la cesta básica de alimentos”, dice.
La desnutrición en Venezuela empeoró con la pandemia. La representante de esta organización social enfocada en la alimentación y nutrición, e integrada por profesionales, investigadores y científicos, indica que mientras el país se enfrenta a la COVID-19, en las familias más desasistidas se incrementó la inseguridad alimentaria debido a que la mayoría se sustenta mediante el trabajo informal y estos ingresos disminuyeron por las medidas para evitar el contagio.
Landaeta sostiene que también se tiene que tener en cuenta que el plan de asistencia del Estado “ha sido muy irregular y se implementa a través del carnet de la patria, al cual no tienen acceso todos los que necesitan de la ayuda”. Agrega que los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), “que funcionan como una medida de control social de las personas a través de la comida, disminuyeron la cantidad de sus entregas, pasaron de 12 a 5 alimentos, que básicamente son harina de maíz, arroz, pasta, aceite y granos; y con esto no se garantiza lo que requiere una familia”, expresa Landaeta.
Desde la Fundación Bengoa estiman que con cada entrega se suministra 1.300 kilocalorías por cinco días. “De allí la causa del incremento de la desnutrición aguda en los menores de cinco años, la mortalidad infantil y la materna. Aumento que se agrava por el colapso de los servicios de atención médica, electricidad, agua potable y gas, que limitan la preparación y conservación segura de la alimentación y de la salud”, explica su coordinadora de investigación y docencia.
Según la Encovi, realizada entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, 8% de los niños venezolanos menores de 5 años de edad califican como desnutridos, cifra que se compara con Haití con 11,6% y Guatemala con 12,4%. Además, 30% de los infantes tienen desnutrición crónica, porcentaje que se asemeja al de los países de África, Nigeria y Camerún.
Los resultados de esta encuesta hecha antes de la pandemia también mostraron que el consumo nacional de proteínas era de solo 34,3% de lo requerido.
Si bien el problema de la desnutrición es grave en la población infantil, también afecta a los mayores de edad. Human Rights Watch afirmó que Venezuela atraviesa “una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a una atención de la salud básica ni a una nutrición adecuada. El acceso limitado al agua segura en los hogares y centros de salud ha contribuido a la propagación de la COVID-19”.
Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lleva a cabo el Plan de Respuesta Humanitaria 2021 de Venezuela, con el propósito de asistir a 4,5 millones de personas vulnerables, entre ellos los niños. Este plan, que es una actualización de 2020, “tiene el objetivo de prestar asistencia de emergencia para salvar vidas, asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos y garantizar la protección de los más vulnerables”, según se señala en su página.
La OCHA en su estatus sobre la nutrición venezolana afirma: “Hay reportes de niñas y niños en edad escolar de 24 estados con problemas en su condición nutricional. El limitado acceso a una alimentación balanceada, fruto del deterioro de la economía familiar, y el desconocimiento por parte de padres y cuidadores de buenas prácticas de alimentación, amplían las posibilidades de que niños y niñas desarrollen problemas de salud nutricional infantil o tengan dificultades para superarlos”.
Landaeta explica que la desnutrición afecta a los niños menores de 2 años que nacen con bajo peso y tienen retraso en su crecimiento. “Muchos de ellos provienen de embarazos de madres adolescentes también desnutridas, las cuales no reciben el suplemento adecuado durante su embarazo y el porcentaje de embarazos adolescentes en el país es 23%. Además, se puede decir que 30% de los niños menores de 5 años en comunidades vulnerables pueden tener retraso en su crecimiento y muchos quedan con alteraciones cognitivas, ya que no recibieron la atención adecuada durante los primeros mil días de vida”, puntualiza.
WFP en Venezuela. Imagen del WFP
Frente a ello hay acciones enfocadas en esas edades y también en las zonas más desfavorecidas, tal es el caso del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), el cual desde abril de 2021 cuenta con un acuerdo para iniciar operaciones en Venezuela y el martes 6 de julio comenzó sus jornadas.
Este programa de comidas escolares tiene la meta de ayudar a 185.000 personas para final de 2021, 850.000 para fines del año escolar 2021-2022 y 1,5 millones para fines del año escolar 2022-2023.
“Estamos llegando a estos niños y niñas vulnerables en una fase crítica de sus vidas cuando sus cerebros y cuerpos necesitan alimentos nutritivos para que desarrollen todo su potencial,” dijo Susana Rico, representante interina de WFP en Venezuela, durante la primera distribución.
La ración mensual entregada por el programa a cada niño menor de 6 años contiene 6 kilos de arroz, 4 kilos de lentejas, 454 gramos de sal yodada y 1 litro de aceite vegetal.
Desde el portal de Naciones Unidas en Venezuela se indica que el WFP inició en Falcón, pero llegará a las zonas identificadas como las más afectadas por la inseguridad alimentaria. A lo que Landaeta señala que se debe a que desafortunadamente los más pobres sufren las peores consecuencias.
La coordinadora de investigación de la Fundación Bengoa cataloga de “muy limitada” la acción humanitaria realizada en los últimos años en Venezuela. Sin embargo, reconoce que “se han atendido algunas comunidades, con desnutrición aguda y en inseguridad alimentaria. Pero todas las ayudas son paliativos de corto tiempo que requieren articularse con un plan de seguridad alimentaria, de reforma económica y de programas sociales y trabajo que permitan a cada familia poder satisfacer sus necesidades básicas de salud, alimentación, educación y bienestar”.
Enfatiza que es muy difícil combatir la desnutrición si no se atacan los problemas estructurales que generan la pobreza. “La familia venezolana no cuenta con un ingreso que sea suficiente para alimentarse, el Estado no garantiza la disponibilidad de alimentos ni controla la hiperinflación, además el colapso en la producción agrícola y ganadera en el país impide que se pueda satisfacer la canasta básica. Se requiere, además que el problema de los combustibles sea resuelto. En resumen, un Estado que quiera brindar bienestar para su gente”, afirma.
Entre 2014 y 2019 los hogares venezolanos con pobreza multidimensional se duplicaron, pasaron de 39,3% a 64,8%, según datos de la Encovi. Sumado a ello, durante la pandemia la realidad que ya existía en cada casa empeoró.