La pandemia del coronavirus COVID-19 ha profundizado los problemas en Venezuela, según el boletín 128 denominado Crisis En Venezuela, realizado por un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales con el objetivo de monitorear la situación del país en materia d justicia, derechos humanos, educación, corrupción, acceso a servicios públicos, entre otros.
La ONG Acción Solidaria destaca en el informe que los hospitales son cada vez más vulnerables debido a la falta de servicios públicos como el agua y la electricidad, al tiempo que alertan que el racionamiento de agua en los hogares pone en mayor peligro de contagio a la población.
El acceso a agua potable en muchas zonas del país es cada vez más precario. En Vargas hay zonas que tienen hasta cuatro meses sin recibir agua, lo que obliga a las personas a desplazarse fuera de sus hogares para abastecerse, señala.
En el ámbito educativo existe preocupación por la decisión de la administración de Nicolás Maduro de suspender el año escolar de manera presencial para culminarlo a través de clases en línea.
Sobre este particular, el Bloque Constitucional advierte que está en juego el derecho a la educación de los niños. En nuestro país el uso de las tecnologías se dificulta porque el Internet es uno de los más lentos del mundo, el servicio eléctrico es deficiente y la mayoría de venezolanos de escasos recursos no tienen acceso.
Proponen que las televisoras sean el instrumento para impartir clases y estas llegue de manera masiva
Justicia y persecución política
El Foro Penal Venezolano destaca en el boletín que desde el 13 de marzo de 2020, cuando fue decretado el Estado de Alarma en todo el territorio nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, hasta el 7 de abril, fecha de cierre del reporte, un total de 33 personas fueron detenidas arbitrariamente.
Las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos, como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena es común en diversas zonas del país. Las personas se detienen por unas horas por no portar mascarilla o por abrir un comercio no permitido.
Por su parte, Acceso a la Justicia explicó que la decisión del TSJ de ordenar el cierre del grueso de los juzgados del país, en alineación con las medidas adoptadas por la administración de Maduro para intentar frenar la propagación del COVID-19 parece que solo empeorará el desempeño del poder judicial y no necesariamente protegerá a los más vulnerables.
Según la organización, la medida no busca verdaderas soluciones para garantizar el acceso a la justicia al no garantizar, por ejemplo, las condiciones de salubridad ante el hacinamiento.
Escasez de combustible
En este boletín, Provea alertó sobre la escasez de gasolina y su impacto en la producción agrícola, situación que podría provocar desabastecimiento de alimentos.
En la coyuntura del COVID-19 se profundizó la escasez de combustible. Pequeños y medianos productores agrícolas insisten en que se les debe incluir entre los sectores prioritarios puesto que se han perdido cosechas debido a esta situación.
La corrupción también genera un efecto directo en la crisis de la pandemia mundial. Así lo destaca Transparencia Venezuela al apuntar que se ha ido incrementando la vulneración del derecho a la salud con la afectación de elementos que conforman esta prerrogativa: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Agrega que el incumplimiento da cuenta de cómo la corrupción, en sus diversas formas, ha incidido transversalmente sobre el derecho a la salud, conduciendo al deterioro de la calidad de vida del venezolano y a la emergencia humanitaria compleja a la que se suma el COVID-19.
Mujeres y el impacto de la pandemia
El Centro de Justicia y Paz enfoca su boletín en la situación de violencia a las que están expuestas las mujeres debido al aislamiento obligatorio.
Muchas de las mujeres que hoy son víctimas de la violencia de genero se han visto obligadas a mantener convivencia con el agresor durante la cuarentena obligatoria, aumentando el riesgo de ser afectadas física o psicológicamente, sostiene el informe.