La administración de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Venezuela y le dio a su personal un plazo de 72 horas para que abandonara el país a partir del pasado jueves 15 de febrero.
Además, Yván Gil, canciller de Venezuela, informó que el Estado realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con la ONU en los próximos 30 días.
Esto sucedió luego que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunciara contra la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, líder de la ONG Control Ciudadano, que monitorea la situación de la Fuerza Armada en Venezuela desde hace casi dos décadas.
La posición de preocupación desde la ACNUDH por las acusaciones de la Fiscalía sobre una supuesta participación de San Miguel en un intento de conspiración contra Maduro caldeó los ánimos en las esferas de poder.
El plazo para abandonar el país se cumplía el sábado pasado, aunque Maduro no ofreció mayores detalles en su programa de televisión, por lo que el martes 20 de febrero Marta Hurtado, portavoz de la ACNUDH, anunció que los 13 empleados de la oficina que trabajaban en Venezuela se encuentran en Panamá, desde donde pretenden continuar su labor.
La razón que ofreció Maduro durante su programa semanal de televisión para la expulsión del personal de dicha oficina fue que, a su juicio, el personal “se convirtió en un centro de espionaje interno, conspiración (…), en una firma legal para terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas venezolanos”.
Al tiempo que exigió a los encargados de la Oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a disculparse por “sus acciones”. “Hasta que esa oficina no respete los principios de las Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique ni pida disculpas públicas, no regresará al país. Esperamos que corrijan”, dijo.
¿Desprotegidos en materia de derechos humanos?
Ante esta situación activistas, dirigentes políticos y venezolanos en general han exigido la liberación plena de la activista Rocío San Miguel y del resto de los defensores de derechos humanos que han sido apresados por la administración madurista; así como también la continuidad del trabajo de la oficina técnica de la ONU en país.
Al respecto, Ligia Bolívar, coordinadora general de AlertaVenezuela, una ONG que se encarga del análisis e incidencia internacional en derechos humanos, aseguró que que “el mensaje que transmite Maduro para Venezuela con esta expulsión es que no tiene ningún interés en los derechos humanos y que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos y mantenerse en el poder… y que no va a tolerar ningún tipo de cuestionamiento sobre todo a las acciones que desarrolla el gobierno en contra de los derechos humanos”.”.
A su juicio, el mandatario dejó al descubierto sus intenciones con el país: “De alguna manera se acabó el disimulo en cuanto a su supuesto respeto a los derechos humanos y su supuesta cooperación con los organismos internacionales”.
Con respecto a cuáles son las acciones que se deben tomar de ahora en adelante, Bolívar señaló que “hay que recordar que la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela data de mediados de 2019. Antes de eso no había una presencia. Así que las acciones que se tienen que tomar de ahora en adelante son volver a un esquema de monitoreo por parte de Naciones Unidas, tal como lo hace con muchos otros países no democráticos que no permiten el ingreso en su territorio».
Según su opinión, se trata de «un golpe muy fuerte, pero no es el fin del mundo en cuanto que todavía hay formas y mecanismos a través de los cuales el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas puede seguir monitoreando y supervisando lo que sucede en Venezuela”.
Destacó que la reprogramación del seguimiento que hace la ONU a la situación venezolana, también debe incluir a las víctimas y sus familiares. «También para las organizaciones de Venezuela y las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares supone un replanteamiento de su forma de relacionarse con Naciones Unidas, porque ya no los tienen allí cerca en una oficina en Caracas, sino que va a haber que establecer otro tipo de vínculos y de coordinación de información con ellos”.
No obstante, fue enfática al aclarar que “creo que es importante que se entienda que la expulsión no termina, no cesa la acción de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.
Distantes, pero no ausentes
Al preguntarle si los venezolanos se encontrarían desvalidos en materia de derechos humanos tras la suspensión de la Oficina del Alto Comisionado en Caracas, Ligia Bolívar aseguró que “los venezolanos no quedamos desvalidos con la expulsión. Desde toda la vida hasta 2019 no existía una presencia en Venezuela. Eso quiere decir que puede seguir perfectamente la supervisión, la vigilancia, el monitoreo y el reporte, sobre todo de la situación de derechos humanos, aunque la oficina no esté en el país, en la Oficina del Alto Comisionado”.
“¿Que será más difícil documentar y recobrar información? Sí, pero no imposible porque es la forma de operación que tiene Naciones Unidas en muchos otros países donde no tiene acceso”, reiteró la activista.
En cuanto a las consecuencias que podría significar la decisión de Maduro, sobre todo con respecto al caso que sigue la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado venezolano, Bolívar dijo que éstas “no son directas”, pero pueden sentar un precedente más para investigación que realiza la corte.
“Las consecuencias frente al caso que se sigue en la Corte Penal Internacional no son directas en el sentido de que la expulsión en sí misma no constituye un crimen de lesa humanidad, pero obviamente eso para la Corte Penal Internacional tiene que ser una señal clara en cuanto a si realmente Venezuela está en disposición o no de colaborar con ella en el esclarecimiento de los delitos que se están investigando”, destacó.
Agregó que la forma como actúa el gobierno venezolano «evidencia su poco espíritu de colaboración con los organismos internacionales y, por lo tanto, la oficina de la CPI, que está incluso por abrirse próximamente en Venezuela también se vería afectada en cuanto a que le están transmitiendo un mensaje: que podrían llegar a Venezuela, pero con el riesgo de tener que salir del país. Esa podría ser la consecuencia inmediata que podría tener esto”.
En cuanto a si la ONU podría revertir la decisión de Maduro la activista en derechos humanos apuntó: “Naciones Unidas no puede hacer nada para revertir la decisión porque lo que está pidiendo Venezuela es que se retracten de lo que han dicho y eso no lo puede hacer Naciones Unidas”.
“Quien podría revertir la decisión va a ser el gobierno, pero Naciones Unidas no puede hacer nada para revertir la decisión a menos que terminara traicionando sus propios principios que, todo indica, no lo va a hacer porque la primera declaración que dieron, después de la expulsión de sus funcionarios, es que ellos por encima de todo se adherían a los principios de respeto de los derechos humanos”.