En Venezuela, la crisis en el sistema penitenciario continúa agravándose, alcanzando niveles alarmantes estos últimos días. Según registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el número total de penitenciarías y calabozos de comisarías con protestas de los internos se ha incrementado a 51, lo que representa casi 40% de los recintos penitenciarios del país. La huelga de hambre se ha extendido por Caracas y 17 estados, afectando a miles de reclusos.
De acuerdo con Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad (UVL), 70% de los presos en Venezuela no tienen sentencia condenatoria, lo cual viola la presunción de inocencia garantizada por la Constitución. Además, hay casos de privados de libertad que llevan hasta seis años sin ser presentados en tribunales. Lo más alarmante de esta situación es que cualquier venezolano puede ser incriminado por el régimen o sus fuerzas de seguridad y, debido a un sistema judicial corrupto, pasar años privado de libertad sin un juicio justo o el respeto a su presunción de inocencia.
Ante este escenario, el régimen, en un intento de calmar la situación, anunció la sustitución del ministro para el Servicio Penitenciario. Sin embargo, al igual que todos los cambios del régimen, es una medida que no va a solucionar los problemas de fondo que enfrenta el sistema penitenciario.
La urgencia de un cambio político se hace evidente para que el sistema jurídico sea verdaderamente independiente. Un sistema penitenciario funcional debe asegurar que no se incrimine a inocentes ni se prolongue el tiempo de detención más allá de lo establecido por ley. Además, debería enfocarse en la reinserción de los privados de libertad en la sociedad, en lugar de castigarlos indefinidamente. No se trata de liberar a todos, pero sí de garantizar justicia para aquellos que son inocentes, han cumplido sus condenas, o tienen boletas de libertad y aun siguen encarcelados. Todos merecemos acceso a la justicia.
Para alcanzar estos objetivos, es fundamental implementar una reforma integral del sistema judicial que garantice su independencia, establezca un sistema de capacitación y selección de jueces y fiscales basado en méritos, y reduzca significativamente la impunidad. Asimismo, es esencial instaurar un proceso riguroso de revisión de casos.
La situación en las prisiones venezolanas es una clara evidencia de la profunda crisis que atraviesa el país. Los cambios superficiales no resolverán el problema; se necesita una reforma integral que garantice los DDHH y la justicia para todos los ciudadanos. Solo a través de un cambio político que establezca instituciones transparentes y comprometidas con el bienestar de los venezolanos podremos empezar a solucionar esta grave situación. La reconstrucción de Venezuela también pasa por contar con un Estado de derecho sólido, capaz de garantizar el respeto a la Constitución y la correcta aplicación de la justicia.